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REPARTO DE LA CONECTIVIDAD MÁS JUSTA

Hace unos días Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales participó en el 34º del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC, para explicar los próximos planes del Gobierno y aseguró que habrá banda ancha en todas las poblaciones.

 

Para Sánchez, “las necesidades a las que nos enfrentamos en términos de sanidad, administración o educación tienen que afrontarse inmediatamente, porque algo que hemos aprendido en estos meses son los agujeros tecnológicos que existen en el territorio nacional y que se deben cubrir”. Además afirmaba que “se ha comprobado que donde había banda ancha se ha mantenido la actividad económica, social y educativa y donde no , la sociedad se ha quedado rezagada”

Hasta ahora el plan PEBA, de extensión de banda ancha está consagrando todas las ayudas a las grandes operadoras. El límite de un proyecto por provincia y los avales a presentar han supuesto que los Operadores Locales de Telecomunicaciones no puedan acceder en igualdad de condiciones a estas convocatorias.

Con lo cual mientras estas pymes subsisten con sus propios recursos, los grandes operadores reciben ayudas que provienen de la Comunidad Europea. La misma que acaba de abrir una consulta pública, de las normas relativas a estas ayudas para desplegar la banda ancha en los Estados miembros, con el fin de determinar si son adecuadas o es necesario actualizarlas.

El objetivo de la consulta, abierta hasta el 5 de enero de 2021, es evaluar si la normativa ha cumplido sus objetivos, qué efecto ha tenido en el mercado y en la competencia, y si debe actualizarse a raíz de las últimas novedades tecnológicas, la evolución del mercado y los nuevos objetivos de la política digital de la UE.

En cuanto a la competencia ya podemos asegurar que desgraciadamente no ha podido producirse ya que la orden actual deja al operador local de teleco totalmente fuera al otorgar un sólo proyecto por provincia. Y lo hace creando un marco normativo que permanecerá vigente hasta 2022, con lo que dejará a las pymes sin opciones para cualquier actuación futura.

Por otro lado se presentaba el Plan de conectividad “para garantizar la misma al 100% de la población: ya hay cobertura de mínimo 30 megas en más del 90% de la población; lo que queda por cubrir es más difícil porque es muy costoso. Cuando se inició el despliegue de fibra, el precio medio de instalación de infraestructura era de 80 euros por hogar pasado; hoy esa cifra ha ascendido a 400 euros, porque se aplican recursos a poblaciones distantes y con menor número de habitantes”.

Estos datos que aportaba Roberto Sanchez confluyen con que los grandes operadores priorizaban hasta ahora las zonas más pobladas, en detrimento de la España vaciada, para obtener más rentabilidad en sus despliegues. Ahora que va llegando el turno de las pequeñas poblaciones va a ser necesario más inversión. Y si no cambia a entidad de población la unidad de proyecto, volverán a ser los grandes operadores los beneficiarios de las mismas.

En estos momentos que todo gira entorno a la digitalización, el entorno rural se quedará fuera del proceso o se contará para ello con el Operador Local y su eficiencia y rentabilidad demostrada. Más del 50% de la población tiene acceso de 100 Gbps y el 45% de la población rural tiene cobertura, “hay que buscar un reparto de la conectividad más justa”(R.Sanchez).

Esperemos que ese reparto de conectividad sea literal y las pymes, como los Operadores Locales de Telecomunicaciones de la región puedan participar de forma justa y equitativa llevando la conectividad a sus territorios, a sus vecinos, donde generan economía local y de proximidad. Evitemos que estas zonas se “queden rezagadas”.