Este viernes 20 de marzo se ha firmado el Pacto de Estado: ‘Acuerdo por la conectividad de personas y empresas’.

Un acuerdo firmado por primera vez por todos los operadores de telecomunicaciones y en el que se incorpora a los operadores locales. Por parte del gobierno asistieron la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez.
 
En este acuerdo, se ha trabajado para que cualquier medida que se tomara no perjudicara al operador local o, al menos, minimizar ese impacto.
 
Todo este proceso demuestra que en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se escucha y se tiene en cuenta a los operadores locales de Telecomunicaciones.
 
Ser consideradas las redes y servicios de telecomunicaciones, como servicios de interés general y esto en la actual situación por COVID-19 es de gran valor para todos los operadores que garantizarán la conectividad, las capacidades de operación y supervisión de las redes y la agilidad de respuesta ante incidentes, especialmente en lo que respecta a las redes que dan soporte a los servicios de emergencia.
 
Una de las iniciativas que recoge el documento es que durante el período de duración del estado de alarma las llamadas realizadas al número de atención sanitaria 061 serán gratuitas para el cliente e igualmente gratuitas en interconexión para los operadores, asumiendo cada uno de ellos sus propios costes de red.
 
Además, los operadores se comprometen a desarrollarán medidas especiales para ampliar, sin coste adicional para el usuario, servicios asociados a los contratos de conectividad de telefonía móvil de los clientes particulares, autónomos y pequeños negocios, siempre sujeto a un uso adecuado del servicio y a que no se ponga en riesgo la prestación general del servicio.
 
Los operadores también mantendrán activos los canales de atención a los clientes y se comprometen a enriquecer con contenidos adicionales los paquetes audiovisuales que ofrecen a sus usuarios y a contribuir a las medidas que desarrolle la Administración para el fomento del trabajo a distancia, enseñanza a distancia y atención sanitaria remota.

Por otra parte, en estos días de negociaciones también se ha abordado otros aspectos como:
 
- Cese de las portabilidades.
- Prohibir cortar el servicio durante el Estado de Alarma.
- Cortar a los clientes que comprometan la red.
 
Medidas estas que se llevaron finalmente al Real Decreto-ley 8/2020.
 
 
Así mismo se prohibieron las campañas publicitarias extraordinarias que se estaban sucediendo en los últimos días.
 
En cuanto a la prohibición de cortar el suministro, lo consideramos una medida lógica dado el actual escenario, ya que una persona puede verse envuelta en distintas circunstancias que le impidan pagar ahora. Sin embargo, se insistió en la necesidad de introducir en el texto expresamente que esas cantidades tan sólo se aplazaban y que se tendrían que cobrar posteriormente dando facilidades al usuario.  
 
Por otra parte, del artículo 18 del Real Decreto es que este artículo otorga nuevos poderes a los operadores, dado que se dice que podrán cortar el servicio a aquellos clientes que atenten contra “integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas”.
 
Es decir, si se comprueba que un usuario está realizando operaciones que afecten a la seguridad de las redes, ya sea mediante spam o la difusión de programas peligrosos (troyanos, virus, etc.), las operadoras podrán poner fin al servicio sin tener que esperar el permiso de un juez.
 
En definitiva, los operadores locales de telecomunicaciones han sido participes de este acuerdo de forma activa, intentando defender los intereses de todas las empresas del sector y aportando en esta situación tan difícil para todos.