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ADMINISTRACIÓN & SECTORTELECO, DOS VELOCIDADES

Entre las propuestas de la Comisión Europea en el sector de las telecomunicaciones está la Gigabit Infraestructure Act (GIA) que surgió bajo la premisa de fomentar una conectividad más rápida, generar confianza y fomentar el uso intensivo de datos, para adaptarse a las necesidades actuales y futuras del mercado y su demanda de nuevos servicios.

Esta directiva GIA incide en que se requiere una conectividad ultrarrápida y de mayor ancho de banda, con lo que resultaba necesario a su vez garantizar despliegues más rápidos, más baratos y de forma más sencilla. Al mismo tiempo, debían solucionarse aquellas trabas administrativas, que elevaban costes y retrasaban los desarrollos de infraestructura de conectividad.

El acuerdo político sobre dicha propuesta, alcanzado el 5 de febrero para el que se está ultimando la redacción final, prevé su adopción en abril, pero no tiene una aplicación prevista hasta finales de 2025 (18 meses después de la entrada en vigor, con algunas excepciones) lo que en cierta medida dilata los propios objetivos para los que ha nacido.

Por otra parte, en España, el Gobierno prepara la creación de una comisión interministerial que se encargará de mejorar la coordinación entre las Administraciones central, autonómica y local en las tramitaciones de permisos de instalación, despliegues y explotación de redes de telecomunicaciones.

Esta comisión estaba ya prevista en la Ley General de Telecomunicaciones, que entró en vigor en junio de 2022, pero hasta ahora no ha visto la luz. En noviembre pasado se abrió una consulta para la creación de esta comisión interministerial para reforzar la coordinación entre Administraciones y ahora se asegura que se tramitará en los próximos meses.

Los operadores vienen quejándose de forma reiterada de la lentitud y las duplicidades burocráticas a las que se enfrentan las solicitudes de permisos de despliegue que registran en las comunidades autónomas y corporaciones locales.

Dentro de la Ley General de Telecomunicaciones está prevista dicha agilización administrativa, pero los plazos para su entrada en funcionamiento de nuevo se alargan de forma desproporcionada a los tiempos actuales conforme al avance de la tecnología.

En el propio Plan de Recuperación y Resiliencia del gobierno nacional, para la canalización de los fondos europeos mediante programas, líneas de ayudas, PERTES, etc, se contempla la necesidad de agilizar por vía de urgencia las tramitaciones para las convocatorias y procedimientos necesarios para la inversión de dichos fondos.

Pues bien, actualmente se están realizando convocatorias que tienen fecha final de ejecución a 31/12/2024, esperando en 8 meses poder abrir periodos de solicitudes, resolverlas y ejecutarlas, cuando en ese plazo por poner un ejemplo no se están adjudicando ni las ayudas del plan MOVES III de vehículos eléctricos para un particular.

En definitiva, los procedimientos administrativos, plazos y procesos, lastran la realidad operativa de empresas tanto del sector de las telecomunicaciones como anexas a sus servicios y la propia ciudadanía.

Ahora que se aconseja que las empresas utilicen la IA para no quedar desfasadas y coger el tren de un futuro económico inmediato basado en datos y nuevas tecnologías, quizás sea el momento de aconsejar a las propias administraciones que utilicen todos los medios posibles para optimizar, agilizar y facilitar que aterricen de forma ágil, proyectos, convocatorias, contrataciones, normativas y hacer efectivos los procedimientos administrativos, sin la dilatación de plazos actual.

Hace unos años se hablaba sobre la conectividad de evitar que hubiese dos velocidades, la del mundo rural y las grandes ciudades. En la actualidad, prácticamente está salvada esa brecha, llegando a un gran porcentaje de todos los territorios con buenos servicios, gracias en muchas ocasiones a los operadores locales de telecomunicaciones, que son los que velan por sus municipios y población cercana.

En estos momentos puede que las dos velocidades se estén dando entre por un lado el avance de las empresas, nuevas tecnologías y servicios, quedando al otro lado las administraciones con sus lastres endémicos.